h./pais mapuche
Sábado 7 de noviembre de 2009
Desde hace un tiempo se vienen conociendo, a través de distintos relatos, las formas utilizadas por los algunos fiscales del Ministerio Publico, persecutores del Pueblo Mapuche, para reclutar a los llamados “testigo protegidos”.
Estas acciones realizadas en conjunto con carabineros o la PDI van desde los ofrecimientos de dinero, abogados, casas o trabajo, hasta amenazas de muerte, chantajes e inclusive torturas.
Hace ya algún tiempo conocimos la denuncia del comunero de Yeupeko Vilcun, Roberto Painemil, quien fue detenido por civiles armados y luego torturado por carabineros en presencia del propio Fiscal Moya de Temuco, y en Abril de este año la denuncia de Jonathan Huillical, torturado en el cuartel de la PDI de la misma ciudad.
Pero estos son sólo los casos de quienes se han atrevido a denunciar, sin embargo, existen muchos otros en que el miedo a las represalias ha impedido su conocimiento público.
Este lunes dos de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Cañete, durante la nueva formalización a cinco presos políticos mapuche de Choque y Pascual Coña, otro caso similar salió a la luz pública, causando dolor e impotencia entre los familiares y comuneros que llenaban la sala.
Después de más de un año de soportar el amedrentamiento permanente de parte del Ministerio Publico y la policía chilena, como en los mejores tiempos de dictadura, Cesar Parra Leiva, comunero de Choque, se atrevió a denunciar los hechos que lo tienen privado de libertad, que en definitiva no es otra cosa que su negativa a transformarse en un “testigo protegido” de la Fiscalía. Debido a dicha negativa, el Ministerio Publico cobró su venganza y lo formalizó por el ataque al Campamento Ranquilhue de Forestal Mininco.
“Un día andaba en Cañete y fui a comprar una botella de pisco y me detuvo un guardia del supermercado que me dijo que yo estaba robando, y llamó a carabineros. Llegó una pareja de carabineros y me llevaron a la comisaría. Me preguntaron de donde era, yo les respondí que de Choque. Después llegó un carabinero Sanzana y empezaron a insultarme y cachetearme, diciéndome que yo sabía quien había quemado la casa de González (Campamento Ranquilhue). Me dijeron que tenía que nombrar a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo, y me mostraron unas fotos. Estuve una noche y al otro día me llevaron a declarar ante el fiscal Morales.”
“Tiempo después llegaron a mi casa y me dijeron que el fiscal Elgueta quería hablar conmigo, y me llevaron nuevamente. Elgueta me dijo que tenia que declarar lo mismo que me dijeron los carabineros y me hicieron firmar unos papeles, o me iba a mandar a matar.”
“Otro día andábamos cazando con mi hermano y unos amigos y llegó una patrulla de carabineros y nos detuvo y nos comenzó a golpear con las culatas de las armas en la cabeza y nos arrastraron y patearon en el suelo, a mi hermano hasta le quebraron un diente. Nosotros tenemos las fotos de esto. Quisimos hacer la denuncia y fuimos a la Fiscalia de Cañete a denunciar lo que nos había pasado pero nos dijeron que dichos papeles los iban a mandar a la Fiscalía Militar de Concepción. Tiempo después fuimos allá pero no había nada”.
“Después nuevamente (carabineros) llegaron hasta la comunidad, donde nos encontrábamos trabajando en la casa de mi hermano, esta vez me dispararon dejándome herido por lo que debí ser trasladado hasta el hospital de Cañete”.
Sin embargo, esta no fue la noticia más importante en los distintos medios de comunicación, como si lo fue el montaje que mostraba a un supuesto padre mapuche usando a sus hijos de escudo, nuevamente, como se hacia durante la dictadura.
Hace algunos días se presentó un proyecto de ley que entregaría mayores facultades al Ministerio Publico, entre ellas la intervención telefónica, sin requerir de la autorización de algún Juez de Garantía.
Llamamos a no dejarse a engañar por ellos a no aceptar sus ofrecimientos y a denunciar sus amenazas y chantajes.
Llamamos a proteger al hermano Cesar Parra Leiva y su familia ante las represalias que pudieran sufrir.
Familiares PPM Choque – Cárcel de Concepción
Nuevas formalizaciones por "delitos terroristas" enfrentan seis presos mapuche en el juzgado de Cañete. Son tres los incendios que se les imputan, ocurridos en el lago Lleu Lleu. Estas causas además se agrupan a otras en el proceso por "asociación ilícita terrorista".
Héctor Llaitul y César Parra, presos en Concepción, junto a Marcos Millanao y Juan Carlos Millanao, fueron trasladados al juzgado de Garantía de Cañete para ser formalizados por el incendio de un campamento forestal en el sector Ranquilhue, el 10 de noviembre de 2005 . Aquella acción de resistencia acabó con un galpón y vehículos que servían a guardias policiales de Forestal Mininco.
La jornada continuó con las formalizaciones en contra de Juan Carlos Millanao, Marcos Millanao Mariñan, Eduardo Painemil Peña y Simón Milla Paillán, a quienes se les imputó su presunta responsabilidad en dos hechos similares.
El primero de ellos afectó el 12 de abril del 2009 a dos cabañas ubicadas en la parcela número 5 del sector Ranquilhue que pertenecían a los empresarios Arturo Aguayo y Luis Ebensperger.
Los cuatro comuneros además fueron imputados por el incendio registrado el 30 de mayo de este año, de una cabaña de veraneo ubicada en la parcela 36 del sector Coihueco en Contulmo, en la ribera norte del lago Lleu Lleu propiedad del empresario Pedro Celhay Schoeldermamn.
En la ocasión el fiscal Andrés Cruz solicitó la agrupación de las tres causas en el expediente de la investigación por "asociación ilícita terrorista" que rige en contra de 15 mapuche investigados por el enfrentamiento con la comitiva represiva del fiscal antimapuche Mario Elgueta, lo que fue acogido por el tribunal.
En la audiencia de formalización, el peñi César Parra declaró haber sido amenazado por el fiscal Mario Elgueta para que incriminara a Llaitul en la quema del campamento forestal, ante lo cual el abogado Adolfo Montiel adelantó que presentará una querella criminal por apremios ilegítimos en contra de todos quienes resulten responsables.
El plazo de investigación fue decretado en 9 meses a contar del mes de abril, fecha en que se formuló cargos en contra de los encartados por el enfrentamiento con la comitiva represiva del fiscal Mario Elgueta en Puerto Choque, quedando la fecha de cierre para enero de 2010.
Fue formalizada la investigación en contra de Luis Tralcal Quidel y Mauricio Huaiquilao Huaiquilao, dirigentes del Lof Yeupeko-Filkun, por el delito de "presunta amenaza de carácter terrorista", en contra del latifundista Jorge Luchsinguer Dillinguer, audiencia que se realizó en el juzgado de Garantía de Lautaro.
Carlos Tenorio, quien representó a Luchsinguer en la formalización, dijo que esto responde a las amenazas verificadas en octubre del año 2008 y que se encuentran registradas en un MP4 que habría sido incautado en la casa de Mauricio Huaiquilao, señalando que las voces fueron periciadas por "expertos en laboratorios extranjeros", determinando que pertenecen a quienes aparecen imputados.
"La gravedad del hecho denunciado" y ahora formalizado por el fiscal de Lautaro, Jorge Granada, quien acumuló las investigaciones, tiene elevadas penas de cárcel por estar acusados bajo la Ley Antiterrorista, concluyó el abogado Carlos Tenorio.
El peñi cumple prisión preventiva por su presunta participación en un incendio de maquinaria forestal en el fundo Las Praderas de Chol Chol, en diciembre del 2006. Además, hace una semana se le vinculó tambien, al supuesto ataque a un bus en el bypass de Temuco en julio pasado, causa por la que estan procesados 9 comuneros mapuche.
Y una de los pacos...
Carabineros reconoció ante la Corte de Apelaciones de Temuco, al responder un recurso de amparo, que una Machi fue maniatada durante un allanamiento y dejada en esa condición hasta el retiro de los efectivos militares. Según la institución, esto se hizo para "evitar que los siguiera amenazando e insultando".
Lo anterior, se consigna en el informe que Carabineros de la Zona La Araucanía, entregó a la Corte de Apelaciones de Temuco, al contestar la petición de informar, luego que al máximo Tribunal de Justicia de la región, recibiera un recurso de amparo por parte de comuneros mapuche, especialmente de Ercilla, quienes acusaban hostigamiento y violencia policial en los continuos allanamientos que se ejecutan en sus domicilios.
El documento está firmado por el general Hero Negrón con fecha 27 de octubre y detalla que la diligencia cuestionada, correspondió a una orden de entrada y registro a las comunidades Temucuicui Autónoma y José Guiñón de Ercilla, emanada del Juzgado de Garantía de Victoria. La operación se habría realizado buscando aclarar el incendio de un camión, el asalto a una caseta de peaje y los disparos a un vehículo particular, ocurridos el 11 de octubre en las inmediaciones de Victoria.
El informe agrega que los residentes en la comunidad José Guiñon, opusieron tenaz resistencia al ser detenido el Lonko José Cariqueo Saravia y uno de sus hijos menor de edad, quienes "dañaron vehículos fiscales, incautándose una escopeta hechiza y otra a medio hacer".
En uno de los párrafos del texto, se hace presente además que la Machi Adriana Rosa Loncomilla Chicahual, se opuso violenta y groseramente al mandato judicial, incitando a que se agrediera a los Carabineros. Por ello, según la institución, se hizo necesario -como medida de seguridad- inmovilizarla con sujeciones plásticas provisorias, las que una vez ajustadas, no pueden aflojarse, sólo cortarse.
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