Encarcelados por homicidio frustrado y asociación ilícita los 11 mapuche detenidos en Choque

*Informativo Pais Mapuche

Tras la audiencia de control de detención en Cañete, los siete comuneros detenidos la madrugada del sábado en Choque, pasaron a prisión preventiva por los nueve meses de investigación decretados. A ellos se suman cuatro mapuche detenidos el miércoles en Tranaquepe.

De esta manera, los 11 nuevos presos políticos mapuche serían: José Huenuche, Javier Navarro, Ramón Llanquileo Pilquiman, Luis Menares Chamilao, los hermanos Juan, César y Norberto Parra Leiva, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Segundo Ñeguey Ñeguey y Richard Ñeguey Pilquiman.

Los once fueron procesados por "homicidio frustrado contra un fiscal en ejercicio" y por "asociación ilícita". Además se agrega la acusación de "robo con intimidación" a Llanquileo, Menares y los hermanos Parra, por una supuesta agresión contra el colaborador de carabineros (y antes de la CNI) José Santos Jorquera.

La fiscal regional del Bio Bio, Ximena Hassi junto al fiscal adjunto Andrés Cruz, atribuye la participación directa de los 11 procesados como "fusileros" en el ataque a la comitiva represiva del fiscal Mario Elgueta, el 16 de octubre pasado. Sin embargo, ningún arma fue encontrada en los allanamientos. Como siempre, solo procedieron a incautar motosierras y otras herramientas de trabajo.

La supuesta "asociación ilícita" sería liderada por el peñi Héctor Llaitul, de quien la fiscalía dice ser el "autor intelectual" de la emboscada a Elgueta. El peñi Llaitul es en estos momentos buscado por ambas policías.

Sucio proceso

Los violentos allanamientos tuvieron lugar en las comunidades de Choque, donde invadieron 11 casas, y en pleno centro de Cañete, donde se detuvo a Huenuche.

Los casi 150 efectivos de la PDI, pertenecían en su mayoría al Equipo de Reacción Táctica (ERTA) proveniente de Santiago, quienes se sumaron al contingente apostado hace años en la zona del Lleu Lleu. Según testigos, varios de los hermanos fueron sacados brutalmente de sus casas y trasladados desnudos al cuartel de la PDI en Lebu.

Las pruebas presentadas por la fiscalía se fundamentan en las declaraciones de 12 testigos protegidos e interceptaciones telefónicas, lo que manifiesta un nuevo montaje urdido por la inteligancia policial, los organismos de gobierno y el empresariado.

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